¿Prohibir las redes sociales mejora la salud mental juvenil? No tan rápido

La nueva ley australiana prohíbe redes sociales a menores de 16 años, pero es una protección contra la ansiedad o un experimento social a ciegas

Cuando se prohíbe algo a gran escala, como el uso de redes sociales a menores, los científicos pueden comparar antes y después del cambio y ver qué ocurre con variables como ansiedad o depresión. Sin embargo, estos estudios no prueban causas, solo asociaciones.

En diciembre, el gobierno australiano pondrá en marcha la Online Safety Amendment Act, una legislación que impedirá a menores de 16 años abrir cuentas en redes como Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Esta medida responde a crecientes preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar digital de los adolescentes. Para la comunidad científica, representa una oportunidad única de estudiar cómo el uso de redes afecta a la salud mental juvenil (una relación compleja y cargada de controversias), pero también una carrera contrarreloj para obtener datos sólidos antes y después de que la ley entre en vigor.

Diseñar un experimento ideal sería inviable en tan poco tiempo: se necesitaría coordinar con escuelas, reclutar personal investigador, obtener aprobaciones éticas y permisos paternos, y decidir cómo medir los resultados. Aun así, los expertos sugieren tres estrategias factibles para estudiar el impacto de la prohibición.

• Primero, usar datos oficiales, como registros hospitalarios o informes forenses, permitiría analizar tendencias en autolesiones o suicidios en adolescentes antes y después de la ley. Esta opción cubre toda la población y permite comparaciones con años anteriores o con otros países. Sin embargo, tiene desventajas: los datos tardan años en completarse y no permiten saber si las personas afectadas usaban redes sociales. Además, no incluyen casos de ansiedad o depresión no tratados en hospitales o que fueron atendidos por psicólogos privados.
• Segundo, lanzar encuestas nacionales centradas en menores de 16 años antes y después de aplicar la ley. Australia ya ha realizado dos encuestas de este tipo, aunque la más reciente fue en 2013–2014. Retomar esta estrategia ahora y repetirla en unos años permitiría comparaciones entre generaciones. Estas encuestas podrían centrarse en adolescentes de grupos vulnerables, como personas LGBTQIA+ o con antecedentes de problemas mentales. También podrían indagar en el uso de redes, acoso en línea y hábitos de vida adquiridos al dejar de usar estas plataformas. Aun así, comparar resultados entre dos generaciones separadas por cuatro años plantea desafíos, ya que las condiciones sociales y digitales cambiarán inevitablemente.
• Tercero, aprovechar estudios longitudinales ya en marcha. Por ejemplo, el Future Proofing Study, que comenzó en 2019 y sigue a 6.000 adolescentes, podría extenderse o incorporar nuevos participantes para analizar el impacto de la ley. Otro caso es Health4Life, un estudio que analiza cómo influyen seis hábitos de vida en la salud mental de adolescentes en tres estados australianos. Si se alarga su duración, podría abarcar el periodo de la prohibición. Además, se podría revisar qué estudios similares existen en otros países comparables, como Reino Unido, Nueva Zelanda o Estados Unidos. No obstante, comparar resultados entre países también presenta dificultades debido a las diferencias en población, métodos y contexto.

Una vez que se obtengan datos, la gran pregunta será: ¿cómo interpretarlos? Sería ingenuo esperar mejoras inmediatas en la salud mental solo por aplicar una prohibición. Muchos factores externos podrían camuflar los efectos: crisis climáticas, conflictos globales, cambios escolares o incluso el estrés inicial que genere la propia ley. Además, si los adolescentes siguen accediendo a redes mediante cuentas de terceros o usando VPN, la medida podría no tener el efecto esperado. Tampoco está garantizado que las plataformas o compañías telefónicas proporcionen datos reales sobre el uso digital, especialmente si hacerlo implica riesgos legales.

La mejor estrategia, según los expertos, sería combinar múltiples fuentes de información (datos oficiales, encuestas, estudios longitudinales) y buscar coherencia entre ellas. Si todas apuntan a mejoras en la salud mental tras la prohibición, y si esto se acompaña de una disminución real en el uso de redes sociales, podríamos hablar de una correlación sólida. Aun así, no se podría afirmar con certeza que la ley fue la causa directa.

Si no se detectan mejoras, eso no implica que la ley no haya tenido efectos beneficiosos. En ciencia, una ausencia de resultados no es lo mismo que ausencia de impacto. Este tipo de experimentos naturales nunca prueban causalidad; simplemente sugieren tendencias. Por eso, los investigadores deben ser cautos y explicar claramente los límites de sus hallazgos, especialmente frente a intereses políticos o empresariales que podrían aprovechar la incertidumbre para desacreditar la medida.

A pesar de estas limitaciones, experimentos naturales anteriores han sido útiles para definir políticas públicas. Por ejemplo, durante la pandemia, se demostró que los suicidios no aumentaron en 21 países, lo cual ayudó a calmar temores de gobiernos y sanitarios. También se ha relacionado la legalización del matrimonio igualitario con una disminución en los niveles de ansiedad y depresión en Países Bajos y algunos estados de EE. UU. Asimismo, estudios longitudinales australianos han servido para evaluar el impacto combinado de los incendios forestales y el COVID-19 en la salud mental adolescente, facilitando la planificación de servicios sanitarios.

Así, los datos que surjan de esta nueva prohibición podrían sentar las bases para políticas públicas más ajustadas a la realidad del uso digital juvenil, no solo en Australia, sino en otros países. No obstante, si no se recogen datos de calidad y no se evalúan con rigor científico, se perderá una oportunidad única de entender (y quizás mejorar) la relación entre redes sociales y salud mental adolescente.